Ministerio Público y combate a la corrupción política

Esta obra es la primera publicación resultante de la investigación desarrollada por el autor para la obtención del título de Doctor en Derecho. Ella refleja la combinación de una vasta experiencia profesional con un estudio teórico y práctico sobre la corrupción política y la conformación orgánica del Ministerio Público, dos temas interrelacionados. El lector encontrará, además de un planteamiento reflexivo sobre el tema universal de la corrupción, un análisis constitucional y procesal de distintos diseños orgánicos del Ministerio Público de diversos países y su eficacia en el combate a la corrupción política, dentro de un marco de respeto a los derechos fundamentales. La corrupción política es abordada desde diferentes ópticas, bajo los lentes de varias ramas del conocimiento humano como uno de los males que actualmente afectan la confianza en la democracia y desafían las respuestas del Estado de derecho. El estudio de las causas y consecuencias de la corrupción política y de la escasez de resultados en su combate conduce a un debate sobre el papel del Ministerio Público como actor esencial para la prevención y represión de ese fenómeno. Este recorrido permite plantearse cuestiones centrales respecto a las garantías que protegen a la institución y a los fiscales y que pueden resultar en un panorama menos favorable a la impunidad de los corruptos, además de introducirse, al final, un debate muy actual sobre nuevas formas de colaboración en el proceso penal -permeadas por la disponibilidad de la acción penal y por la participación de varios actores en la busca del término del proceso- y la necesaria reconfiguración de principios tradicionales del Ministerio Público. En fin, la obra es un intento de lanzar algunas luces más sobre las dificultades de los legisladores y de los operadores jurídicos para alcanzar la efectividad de los principios básicos del Estado de Derecho en la lucha contra la corrupción política, a partir de proposiciones sobre posibles diseños orgánicos del Ministerio Público que sean convergentes con las exigencias de balance interinstitucional y de cumplimiento formal y material del principio mayor de igualdad de todos ante la ley.